FECHA:
22 DE OCTUBRE DE 2006

MEDIO DE PRENSA :
EL PAIS

Las cámaras de mutualistas están preocupadas por los efectos que puede tener sobre sus ingresos una ley que impulsa el gobierno. Se trata del proyecto de ampliación de la cobertura de Disse a nuevos grupos de población. Allí, además de la incorporación a la seguridad social de 26 mil funcionarios públicos, se propone un cambio en el régimen de pago a las mutualistas, por parte del Banco de Previsión Social (BPS).

El organismo estatal comenzará a pagarle a las instituciones en función de la edad y el sexo de sus asociados. Esto determina que las empresas que tengan más "riesgo" -esto es más socios de mayor edad o más mujeres en edad fértil- recibirán un desembolso mayor que aquellas que tengan más afiliados jóvenes y del sexo masculino.

La Federación Médico del Interior (FEMI) y el Plenario de Instituciones saben que la idea es que el nuevo sistema esté vigente en enero, pero advierten que el gobierno no les ha mostrado aún un estudio de impacto sobre la economía de las mutualistas. "Es un cambio que podría implicar un desequilibrio financiero para aquellas instituciones que están en situación más crítica", planteó a El País, el presidente de FEMI, Yamandú Fernández. El directivo cree que el gobierno debería manejar mecanismos de "flexibilización" o "ciertos apoyos" para que las empresas más comprometidas puedan adecuarse y "no se caigan".

En una postura similar, el presidente del Plenario, Antonio Durán, considera que ninguna institución puede perder ingresos por los nuevos parámetros de pago.

"Tiene que haber un período de transición, en el que se apliquen correctivos. El sector está en crisis y ninguna institución debería perder recursos", apuntó.

INQUIETOS. El presidente de la FEMI admitió que esa cámara tiene una especial preocupación porque la mitad de su masa de afiliados tiene cobertura a través del BPS. Fernández dijo que las instituciones tampoco saben cuál va a ser la paramétrica de ajuste de la llamada cuota-Disse.

Sin embargo, desde el MSP se asegura que ya se ha medido el impacto del cambio, y que en noviembre, antes de la vigencia de la ley, se divulgarán las nuevas cuotas a las empresas. Fernández remarcó que FEMI comparte conceptualmente el camino de reforma emprendido por el gobierno, pero considera que falta un marco regulatorio con reglas claras de "competencia" entre el sector público y privado.

La posibilidad de que Salud Pública pueda por primera vez "competir" por la captación de socios-Disse y que pueda complementar su presupuesto con cuotas ("cápitas") del BPS por cada nuevo beneficiario que logre, ha puesto al mutualismo con "las barbas en remojo".

Fernández cree que debe existir un marco regulatorio similar al de las comunicaciones. Durán, por su parte, considera que esta ley puede implicar una "competencia desleal" a favor del sector público.

Molestos con la ministra

Los directivos quedaron molestos con el MSP porque presentó el proyecto, sin aceptar aportes de su sector. Yamandú Fernández relató que la ministra les dijo que si querían cambios, los plantearan ante el Parlamento.

Antonio Durán criticó que además la cartera divulgara el proyecto a algunas empresas antes que a otras, posibilitando que esas instituciones lanzaran sus campañas para captar funcionarios públicos con anticipación.